El caso de la investigación sobre las noticias falsas en Brasil
Metadatos
Palabras clave: Restricciones de contenido, Difamación penal (injuria y calumnia), Personas de relevancia
pública, Fake News, Global Restriction
Análisis
Resumen y resultado
Un juez brasileño ordenó a Facebook y Twitter suspender las cuentas de personas investigadas por «difusión
de noticias falsas, acusaciones falsas, amenazas» y otras conductas ilegales, «que afectan a la honorabilidad
y seguridad del Tribunal Supremo, así como a la de sus miembros y sus familias». Tras las crecientes críticas
al Tribunal Supremo en Internet, el Presidente del Tribunal ordenó una investigación penal y nombró a un
juez para presidirla. Ese juez concluyó que había pruebas de un «uso coordinado de herramientas
informáticas organizadas, como cuentas en redes sociales, para crear, divulgar y difundir información falsa o
capaz de perjudicar a las instituciones del Estado de Derecho, en particular al Tribunal Supremo». Tras
ordenar a Twitter que suspendiera las cuentas y enterarse de que las suspensiones se limitaban a las/os
espectadoras/es de Brasil, el juez dictó una orden adicional por la que exigía a Twitter que bloqueara el
acceso a las cuentas a todas/os las/os usuarias/os, con independencia de su ubicación.
Hechos
En marzo de 2019, el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Dias Toffoli, inició una investigación penal
por insultos proferidos en contra del Tribunal Supremo. Esto se produjo después de meses de crecientes
críticas al Tribunal Supremo, así como de insultos dirigidos a sus miembros, en particular por parte de
partidarias/os del entonces presidente Jair Bolsonaro. El Presidente de la Corte citó el artículo 43 del
Reglamento de la Corte, que establece que «[e]n caso de violación de la ley penal en las instalaciones de la
Corte, el Presidente iniciará una investigación, si se trata de una autoridad o persona sujeta a su jurisdicción,
o delegará esta tarea a otra/o juez/a.» La orden del Presidente del Tribunal Supremo por la que se iniciaba la
investigación describía el ámbito de la misma como una investigación por la «difusión de ‘fake news‘ y el
esquema de financiación relacionado con ella, acusaciones falsas (denuncia calumniosa), amenazas y otras
conductas ilegales que afectan a la honorabilidad y la seguridad del Supremo Tribunal Federal, sus
miembros y sus familias».
El juez Alexandre de Moraes fue designado para supervisar la investigación y, a continuación, nombró a un
juez de primera instancia para que actuara como instructor especial. El perito especial escuchó el testimonio
de los miembros de la Cámara de Representantes y examinó el contenido recogido por la policía. El perito
especial concluyó que las pruebas demostraban que había repetidos mensajes en las redes sociales que