Centro amaBhungane de Periodismo de Investigación c. Ministerio de Justicia y Ministerio de Policía Metadatos Palabras clave: Protección y retención de datos Análisis Resumen y resultado La Corte Constitucional sudafricana declaró inconstitucionales e inválidos varios elementos de la legislación que autorizaba la interceptación de las comunicaciones. Después de que un periodista se enterara de que sus comunicaciones habían sido interceptadas, él y un centro de periodismo de investigación se dirigieron a la Corte, argumentando que la legislación tenía graves deficiencias y vulneraba el derecho a la privacidad. El Tribunal Superior declaró que la ley era inconstitucional y, en apelación, la Corte Constitucional confirmó la sentencia del Tribunal Superior. La Corte enfatizó que la falta de garantías en la ley impedía la supervisión y la rendición de cuentas, y que el grado de secretismo que rodeaba al régimen de interceptación impedía cualquier impugnación de las órdenes de vigilancia. La Corte señaló que este secretismo e impunidad aumentaban el riesgo de abusos e incrementaban las violaciones del derecho a la privacidad. Hechos En 2008, un periodista sudafricano, Sam Sole, consideró que sus comunicaciones estaban siendo vigiladas e interceptadas. En 2009, se dirigió al Inspector General de Inteligencia para tratar de determinar si estaba siendo vigilado. El Inspector General le informó que «había determinado que la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA) y la división de inteligencia criminal de la policía no eran culpables de ninguna infracción» , lo que no confirmaba si las comunicaciones de Sole estaban siendo interceptadas, sino únicamente que el Inspector General no había determinado ninguna infracción por parte de los organismos estatales [párr. 13]. En 2015, en un procedimiento judicial en el que no estaba implicado Sole, en una declaración jurada habían transcripciones de una conversación entre Sole y un fiscal del Estado que demostraban que, efectivamente, las comunicaciones de Sole habían sido interceptadas en 2008. A raíz de ello, Sole se puso en contacto con la Agencia de Seguridad del Estado para solicitar detalles sobre la interceptación pero, aunque se le facilitó información sobre dos prórrogas de autorizaciones de interceptación, no se le informó nada acerca del motivo o la legalidad de la autorización original. Sole y el Centro AmaBhungane de Periodismo de Investigación acudieron entonces al Tribunal Superior, solicitando que se declarara inconstitucional la ley que regulaba la interceptación de las comunicaciones —la Ley de Reglamentación de la Interceptación de Comunicaciones y Provisión de Información relativa a