En el artículo publicado se cambiaron los nombres de las víctimas para proteger su identidad e intimidad y evitar represalias. Además de los testimonios, las periodistas también hicieron valoraciones sobre el comportamiento de Guerra, que calificaron de acoso y abuso sexual. Ruiz-Navarro y Londoño también consideraron que Guerra se aprovechaba de su posición como cineasta para intimidar a las víctimas y aprovecharse de ellas. Tras la publicación del artículo, Ruiz-Navarro fue entrevistada por varios medios de comunicación. En las entrevistas, se refirió a Guerra como acosador y abusador sexual, argumentó que no se le debería permitir dirigir más películas, que no es necesario que exista una denuncia penal para referirse a alguien como abusador y que la justicia penal no tiene el monopolio de la verdad. Guerra inició varios procedimientos contra Ruiz-Navarro y Londoño. El 2 de julio de 2020, presentó una denuncia penal por difamación contra las periodistas en la que pedía 150.000 dólares estadounidenses por daños y perjuicios. El 26 de enero de 2021, Guerra presentó una demanda civil contra Ruiz-Navarro y Londoño. En ella, el director solicitó 875.000 dólares estadounidenses y 158.538.272 pesos colombianos por concepto de daños. Alegó que debido a las acusaciones del reportaje se cancelaron dos proyectos cinematográficos en los que estaba involucrado. El 18 de diciembre de 2020, Guerra interpuso una acción de tutela —una demanda constitucional— contra Ruiz-Navarro y Londoño, en la que argumentaba que sus derechos al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia habían sido vulnerados por el artículo de «Volcánicas» y las entrevistas posteriores de Ruiz-Navarro. Guerra afirmó que las entrevistadas lo acusaron de una conducta delictiva, algo que la libertad de expresión y opinión no ampara. También consideró que las periodistas faltaron a la imparcialidad al presentar una versión sesgada de lo sucedido al mostrar el testimonio de Guerra al final del artículo o al no presentar otras fuentes sobre el paradero de Guerra cuando sucedieron los hechos. En esta demanda, Guerra solicitó la eliminación del artículo de la página web y de las redes sociales de «Volcánicas», una retractación de todas las declaraciones que acusaban a Guerra de abuso sexual y acoso, y una medida cautelar que ordenara a las demandadas abstenerse de publicar cualquier acusación contra Guerra en relación con los hechos delictivos descritos en el artículo del 24 de junio de 2020. El 4 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá rechazó la acción de tutela de Guerra. Según el juzgado, las periodistas se limitaron a mostrar los testimonios de las presuntas víctimas y a comentar esta situación, ejerciendo así su libertad de expresión sin vulnerar los derechos del demandante. Además, el juzgado alegó que el proceso penal por difamación, ya en curso, era la vía procesal más adecuada para resolver el conflicto planteado por Guerra. El 26 de junio de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. De acuerdo con este tribunal, Ruiz-Navarro y Londoño faltaron a los principios de imparcialidad y veracidad porque las demandadas no le concedieron a Guerra la oportunidad de aportar su punto de vista, ya que no se le informó adecuadamente sobre los hechos concretos y las acusaciones en su contra. El tribunal también sostuvo que algunas partes del artículo inducían a la audiencia a creer que Guerra había sido condenado penalmente. Por ello, ordenó a las demandadas que rectificaran la información de su reportaje ateniéndose a los principios antes mencionados.