28-07-2020
InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Argentina
Artículo 64.- Derechos del imputado. A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, a cuyo
fin las autoridades intervinientes le informarán los siguientes derechos:
a) A ser informado de las razones de su aprehensión o detención, la autoridad que la ha ordenado, entregándole si la
hubiere copia de la orden judicial emitida en su contra, y el de ser conducido ante un juez, sin demora, para que decida
sobre la legalidad de aquélla;
b) A pedir que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a un pariente o persona de su confianza,
asociación o entidad; si el imputado ejerciere este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado
obtenido; si el aprehendido o detenido fuese extranjero se le informará que puede pedir que su situación sea comunicada
al representante diplomático del Estado de su nacionalidad, a quien también se le hará saber, si correspondiere, su interés
en ser entrevistado;
c) A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad;
d) A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por uno propuesto por una
persona de su confianza, o en su defecto, por un defensor público;
e) A entrevistarse con su defensor en forma libre, privada y confidencial, en particular en la oportunidad previa a la
realización de cualquier acto que requiera su intervención;
f) A prestar declaración, si así lo deseara y se encuentra detenido, dentro de las setenta y dos (72) horas de efectivizada
la medida;
g) A presentarse ante el representante del Ministerio Público Fiscal o el juez, para que se le informe y escuche sobre los
hechos que se le imputan;
h) A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su
deseo de hacerlo;
i) A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;
j) A que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un
acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio el juez o el
representante del Ministerio Público Fiscal consideren necesarias;
k) A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso, según
las previsiones de este Código.
En todos los casos se dejará constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información establecido en este artículo.
Artículo 65.- Identificación y domicilio. Desde el primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos
personales, señas particulares e impresiones digitales, por medio de la oficina técnica respectiva. Si ello no fuere posible,
se procederá a su identificación por testigos en la forma prevista para los reconocimientos y por los otros medios que se
juzguen oportunos.
La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en
cualquier oportunidad.
En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar su domicilio procesal; posteriormente
mantendrá actualizados esos datos.
Artículo 66.- Presunta inimputabilidad en el momento del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de
cometer el hecho, padecía alguna alteración mental que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus
acciones, sus derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor público, con los
apoyos y ajustes razonables que fueran necesarios, con comunicación al curador, si lo hubiere.
Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus
padres o tutor, ello sin perjuicio de la intervención que prevea la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En caso que se dictara el sobreseimiento por inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa las causales en el orden
dispuesto en el artículo 236. Si correspondiere, se dará intervención a la Justicia Civil a fin de que, en caso de ser
necesario, se resuelva sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación
específica en salud mental.
Artículo 67.- Padecimiento mental sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere un padecimiento mental que
restringiere la capacidad del imputado, el juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios,
incluyendo el establecimiento de plazos especiales para el desarrollo del proceso, según el momento en que se produzca,
sin perjuicio de que se lleven a cabo los actos para la averiguación del hecho que no requieran su presencia o se prosiga
aquél contra los demás imputados.
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