4.1. El derecho a la honra está incorporado en el artículo 21 de la C.P., el cual
establece que se respetará la honra de las personas y que la ley determinará su
forma de protección. Sin embargo, esta no es la única mención que la Carta
hace del mencionado derecho. Así, el inciso segundo del artículo 2 establece
como uno de los objetivos de las autoridades públicas la protección de la
honra. Adicionalmente, el inciso segundo del art. 42 Superior consagra la
inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia. Por su parte, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla en su art. 11 la
garantía para los ciudadanos de los Estados partes del derecho a la honra y a
la dignidad.
La jurisprudencia constitucional ha afirmado en torno al derecho a la honra,
que “(a)unque en gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios
perfiles” y añadió que “la Corte [la ha definido] como la estimación o
deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser
tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan.
Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho ‘...
que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad’.”
4.2. De otra parte, el derecho al buen nombre se encuentra en el artículo 15 de
la Carta Política, junto con los derechos a la intimidad individual y familiar.
En relación con este derecho, esta Corporación ha afirmado que “(e)l buen
nombre ha sido entendido (…) como la reputación, o el concepto que de una
persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o
injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas…”
Esta Corporación no ha hecho una separación categórica del significado y
contenido de los derechos a la honra y al buen nombre, pues los mismos se
encuentran en una relación estrecha y la afectación de uno de ellos, por lo
general, acarrea una lesión al otro. Bajo este entendido, se ha manifestado que
el derecho al buen nombre cobija la reputación, mientras que la honra se
estructuraría en torno a la consideración que toda persona merece por su
condición de miembro de la especie humana. De otra parte, se ha vinculado el
derecho al buen nombre a las actividades desplegadas de forma pública por
alguien. Sosteniéndose que el mismo integraría la valoración que el grupo
social hace de sus comportamientos públicos. En cambio, el derecho a la
honra se ha utilizado para referirse a aspectos más relacionados con la vida
privada de las personas y a su valor intrínseco.
4.3. De lo anterior se desprende que tanto el derecho al buen nombre, como el
derecho a la honra, se encuentran íntimamente ligados a la dignidad humana.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la dignidad humana, en
cuanto derecho, se concreta en tres dimensiones que resultan indispensables
para la vida de todo ser humano: (i) el derecho a vivir como se quiera, que
consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida de acuerdo a la propia
voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien, que comprende el contar