la Información y las Comunicaciones, y al Consejo Nacional Electoral, incluir en sus páginas web contenidos informativos sobre la violencia digital contra las mujeres y, al mismo tiempo, brindar mecanismos de protección para denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Finalmente, ordenó al Consejo Nacional Electoral adoptar las medidas necesarias para establecer un plan de formación y capacitación para los miembros y afiliados de los partidos y movimientos políticos sobre perspectiva de género y violencia contra las mujeres en línea, y presentar un proyecto de ley para regular un mecanismo de canalización de denuncias sobre violencia en línea y establecer un procedimiento reglamentario e interno para el trámite específico de dichas denuncias. Impacto de la decisión Resultado mixto La Corte Constitucional colombiana profundizó en un aspecto fundamental relativo a la libertad de expresión, en concreto, la violencia digital en contra de mujeres periodistas. El análisis judicial comprende dos componentes centrales. La Corte sostuvo que las peticionarias no habían probado adecuadamente que notificaron al Consejo Nacional Electoral o a los partidos y movimientos políticos, sobre los supuestos incidentes de violencia digital que sufrieron. Sin embargo, este aspecto de la decisión podría resultar desproporcionado para el derecho a la libertad de expresión de las peticionarias, ya que en Colombia no existía ningún mecanismo de denuncia para este tipo de discriminación en redes sociales como Twitter. Sin embargo, la Corte sentó un precedente histórico en el ámbito de la violencia digital, dado el evidente patrón y contexto de violencia en línea contra las mujeres periodistas. Cabe destacar las medidas transformadoras ordenadas por la Corte a diversas instituciones y autoridades colombianas para prevenir, investigar y sancionar la violencia en línea contra las mujeres periodistas. La implementación de todas estas medidas tiene como objetivo salvaguardar a las mujeres periodistas y, al mismo tiempo, promover un entorno de deliberación pública que sea a la vez pluralista y libre de discriminación y violencia contra las mujeres.