de interceptación, y que en el plazo de 90 días de expirada la directiva de interceptación se debe notificar sujeto de la vigilancia sobre la misma. El juez Jafta dictó un voto en disidencia, discrepando de la mayoría únicamente en cuanto a si la Ley RICA facultaba realmente al Ministerio de Justicia para nombrar al juez/a designadoa/. Impacto de la decisión Expande el alcance del derecho a la Expresión La Corte Constitucional sudafricana dictó una sentencia decisiva, confirmando que, si bien la vigilancia tiene un papel que desempeñar en la lucha contra la delincuencia, no puede funcionar de manera que infrinja injustificadamente el derecho a la privacidad. La sentencia proporciona una visión clave de lo que debe estar presente en una ley para establecer garantías adecuadas contra los abusos y las violaciones de derechos.

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