AMPARO EN REVISIÓN 136/2021 32. Por tanto, inisiste que el precepto legal viola el derecho humano de acceso a la información, así como la libertad de pensamiento y expresión, además del derecho de propiedad. Ello, ya que con la aplicación de la norma se le quitan bienes que ha adquirido con mucho trabajo a lo largo del tiempo. 33. En su escrito, señala que también se violan los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso; asi como también el de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, “toda vez que el confiscar y/o embargar los bienes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones constituye una medida muy agresiva que lejos de ayudar a la sociedad en general pone tropiezos en el acceso de las personas a los avances tecnológicos”. 34. En su escrito insiste en que el artículo combatido establece una sanción que es excesiva y que deja a la quejosa sin medios de subsistencia, vulnerando con ello su derecho al mínimo vital; además que la pone en un estado de indefensión y sin la posibilidad de pagar las multas. 35. Por otra parte, señala que la disposición legal combatida también viola el artículo 3, fracción V de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, pues el decomiso es un obstáculo al referido derecho de acceso, “ya que de manera indirecta imposibilita que el usuario haga uso del internet”. 36. A continuación, la recurrente se opone a la interpretación del artículo 7 constitucional que se hace en la sentencia, al estimar que el juzgado se constriñe a la literalidad de la norma constitucional, evitando desentrañar su ámbito de protección de derechos humanos de manera evolutiva. Así, afirma que el acceso a internet es un derecho constitucional, que resulta indispensable porque permite a los mexicanos acceder a la información del día, así como el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. “No osbtante, el legislador no tomó en consideración estos principios rectores de la reforma [de 2013], porque redactó un artículo 12

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