AMPARO EN REVISIÓN 341/2022 del establecimiento de mecanismos de notificación y retirada, esto es, solicitudes que realiza un particular frente a dichos intermediarios de Internet para que decidan sobre ésta y, en caso de inconformidad, recurran ante autoridades administrativas o judiciales para dicha determinación. Lo anterior, considerando que no existe una definición única de lo que implica ser un intermediario en Internet, se observan notables diferencias en la regulación de cada país respecto de las clasificaciones legales para cada uno de los actores involucrados en el ecosistema digital. 102. También es pertinente recalcar que dichas consideraciones sobre el “derecho al olvido” en la Unión Europea no pueden ser implementadas o ejecutadas en nuestro país sin calificativo alguno, principalmente por las normas establecidas por nuestra Constitución Federal respecto de la libertad de expresión y el derecho a la información. Las razones sobre esta incompatibilidad, en primer término, resultan de una diferencia de las reglas convencionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información entre ambos sistemas regionales. Por su parte, tanto la Corte de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han interpretado que las restricciones previas en la publicación de contenidos, en sí mismas, no resultan violatorias de la libertad y derecho fundamentales antes referidos. 103. Al respecto encontramos un ejemplo claro en el marco de la Unión Europea respecto de los derechos de autor en el mercado único digital,43 en donde la Corte de Justicia de dicha organización internacional interpretó que el artículo 17 de la Directiva 2019/790, al 43 Regulado a través de la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 51