AMPARO EN REVISIÓN 341/2022 48. Primeramente, es necesario determinar los alcances del derecho humano a la protección de datos personales y su posible aplicabilidad a personas fallecidas en el ámbito civil,2 en vista que una de las principales consecuencias de la muerte es la terminación de la personalidad jurídica y que podría conllevar importantes consecuencias en lo que respecta a la adaptación que podría tener este derecho en tales circunstancias. 49. Es importante reconocer que existe cierta heterogeneidad respecto de aquello que puede incluirse dentro del concepto de lo privado, lo que parecería indicar cierta indeterminación sobre los alcances y valores que se le asignan al interior de las comunidades políticas, aunque dicha situación no ha impedido el reconocimiento de ciertos ámbitos que se han considerado merecedores de determinada protección frente a invasiones o injerencias por parte de autoridades estatales o de otros particulares. 50. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto de la existencia de diversos derechos Esta acotación es relevante porque para la información en posesión de “sujetos obligados”, es decir, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ya sea del ámbito federal, estatal y municipal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, o bien los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, prevé en sus artículos 49 y 97 la posibilidad de que se puedan ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los datos personales de las personas fallecidas, mismos que no serán objeto del presente estudio al no ser materia de impugnación. 2 19