AMPARO EN REVISIÓN 136/2021 prohibición se proyecta como un principio, en donde se requiere de un estándar de escrutinio, ya sea ordinario si la medida legislativa cuestionada se limita a establecer lineamientos de tiempo, modo y lugar, o bien, un escrutinio estricto si se dirige a influir sobre los contenidos de la expresión. 162. Esta Sala estima que el precepto impugnado no se ubica en el ámbito de aplicación nuclear, donde la prohibición constitucional aplica como regla porque no existe base para equiparar el “uso de las instalaciones y equipos empleados para ofrecer servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, sin contar con concesión o autorización” a la utilización de los bienes instrumentalizados para lograr “la difusión de información, opiniones e ideas”. 163. Ello, ya que si bien es cierto que las instalaciones y equipos empleados para prestar servicios de telecomunicaciones, como podría ser internet, supone la transmisión de contenidos, lo relevante es que en autos no se demostró que la quejosa se haya involucrado en la prestación de esos servicios irregulares con la finalidad de difundir determinados contenidos a la población, sino más bién pretendió poner a disposición de las personas esos servicios para obtener una utilidad económica, con indiferencia del contenido de la información a la que accediera la población. 164. Como se precisó más arriba, la prohibición del artículo 7° constitucional sólo debe aplicarse como regla cuando se trate de un precepto legal que permita a las autoridades secuestrar bienes utilizados para “la difusión de información, opiniones e ideas”. 165. En otras palabras, el precepto impugnado contempla la privación de los bienes que permiten a una persona explotar un bien público sin contrasprestación al Estado y no el secuestro de aquellos bienes utilizados para la difusión de las ideas. 166. Como lo había determinado el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de la reforma constitucional de dos mil trece, el 48