AMPARO EN REVISIÓN 136/2021
una principio subyacente, a saber, la prohibición de restricciones indirectas a
la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información; por otra parte,
en materia de telecomunicaciones, los bienes utilizados para la difusión de
información, opiniones e ideas no deben confundirse con cualquier
infraestructura o dispositivos utilizados para la prestación de los servicios
públicos en esa materia, y, por el contrario, debe reconocerse que, conforme
al modelo de Estado Regulador, los servicios públicos de telecomunicaciones
deben reglamentarse para cumplir con los fines de la reforma constitucional
de junio de dos mil trece.
117. Esta Primera Sala concluye que las citadas disposiciones constitucionales
consagran una amplia protección contra todas aquellas medidas legislativas
que, sin regular directamente las condiciones del ejercicio de la libertad de
expresión y acceso a la información, terminan produciendo una afectación
injustificada en los presupuestos que las personas dan por sentados para
ejercer dichos derechos de una manera abierta, robusta y desinhibida.
118. En este sentido, una legislación que imponga sanciones a los prestadores de
servicios de telecomunicaciones puede violar este párametro de control si
introduce una restricción indirecta a los derechos de libertad de expresión y
acceso a la información que no supere el estándar de escrutinio aplicable.
119. Como más adelante se precisará, esta Sala estima que será aplicable un
estándar de escrutinio estricto para aquellas medidas que introduzcan una
restricción
indirecta
que
se
proyecte
sobre
el
contenido
de
las
manifestaciones, discursos o información que sean materia del ejercicio del
derecho de libertad de expresión y el derecho de acceso a la información,
mientras que será aplicable un estándar ordinario si esa regulación sólo
representa una restricción indirecta proyectada en cuestiones de forma,
tiempo y lugar.
120. El Constituyente partió de la premisa de que no era factible anticipar y prever
cuáles podrían ser las restricciones indirectas que los legisladores podrían
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