AMPARO EN REVISIÓN 136/2021 ley y la autoridad produzcan censuras, que exijan fianza a los autores o impresores o que coarten la libertad de imprenta, señalando que los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia se encuentra en la vida privada, la moral y la paz pública, disposición que agrega que no podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información como instrumento del delito. 19. El juez de Distrito concluyó que no existe una contraposición entre ambas disposiciones, ya que el precepto legal combatido no preve un acto de censura o restricción a la difusión de información, sino la existencia de una medida sancionatoria impuesta a través de un procedimiento seguido en forma de juicio, es decir, “no como una medida unilateral de restricción a la libertad de difusión de información”. Adicionalmente la prohibición de secuestro de bienes utilizado para la difusión de información no es aplicable al caso concreto, pues “debe entenderse dentro del plano que regula el artículo en cita y, por tanto, dirigida al secuestro de los bienes materia de algún delito derivado de la expresión o propagación de información, opiniones o ideas.” 20. Por tanto, la disposición combatida no sanciona la difusión o expresión de información o ideas, sino la prestación de un servicio sin los requisitos establecidos para ello. 21. Por otro lado, en la sentencia se concluye que el artículo 305 combatido tampoco vulnera el artículo 22 de la Constitución Federal. Para ello se retoma la definición construida en los precedentes de esta Suprema Corte sobre confiscación, la cual se ha definido como la apropiación violenta de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de ello por parte de la autoridad, sin título legítimo y sin contraprestación, la cual se diferencia del decomiso, que es una sanción impuesta por realizar actos prohibidos o por incumplir obligaciones y que únicamete comprende los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, esto es, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los 9