El Tribunal Constitucional de Uganda, con sede en Kampala, decidió por unanimidad que la petición presentada por los demandantes no podía ser examinada y, por lo tanto, la desestimó, pero sin costas, debido al interés público de la petición. Esta fue la decisión luego de que la ONG Unwanted Witness – Uganda y el periodista Tumuhimbise Norman presentaran una petición ante el Tribunal, de conformidad con el artículo 137 (3) (a) de la Constitución ugandesa, impugnando la orden del Gobierno de interrumpir el acceso a las redes sociales y a los servicios financieros móviles en dos ocasiones: durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2016 y la toma de posesión del presidente electo en mayo del mismo año. El Tribunal razonó que la petición debería haberse presentado ante otro tribunal competente, dado que esta no planteaba cuestiones de interpretación constitucional, sino que se refería únicamente a supuestas violaciones de disposiciones constitucionales por actos u omisiones del Gobierno.