En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona
como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente, lo que se
informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma.
La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar
a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin
perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda.
Artículo 3. Respeto de la dignidad y de la libertad. Los imputados tienen derecho a ser
tratados con el respeto debido a todo ser humano y a que se respete su libertad personal.
La restricción de ésta, mientras dure el proceso, sólo se decretará en los casos previstos
en el presente Código.
Artículo 4. Principio de contradicción. Salvo que el presente Código señale otro
procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción.
Tanto el imputado como su defensor, tendrán derecho a presentar los elementos
probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la
investigación preliminar. En éste último caso lo harán ante el fiscal a cuyo cargo se
encuentre la investigación.
Artículo 5. Protección de los intervinientes en el proceso. El Estado por medio de sus
órganos competentes, brindará de oficio asistencia y protección a las víctimas, testigos y
demás intervinientes en el proceso que lo requieran.
Artículo 6. Antecedentes penales. Únicamente las condenas impuestas mediante
sentencias firmes, tendrán la calidad de antecedentes penales. El Poder Judicial llevará el
registro correspondiente.
Artículo 7. Independencia de jueces y magistrados. El juzgamiento de los delitos y de
las faltas, así como, el control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad,
corresponderá a jueces y magistrados independientes e imparciales, sólo sometidos a la
Constitución de la República, a los tratados y a las leyes.
Por ningún motivo los otros órganos del Estado interferirán en el desarrollo del proceso.
En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará a la Corte Suprema
de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la interferencia o presión provengan de la propia Corte Suprema de Justicia, de alguno de los magistrados o de
otro tribunal, el informe será presentado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por
conducto del Fiscal General de la República.
Artículo 8. Finalidad del proceso. La finalidad del proceso será la realización pronta y
efectiva de la justicia penal.
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