El Tribunal Supremo Administrativo de Egipto anuló la decisión de un tribunal administrativo de primera instancia que había impuesto una multa de 540 millones de EGP al ex Presidente Mubarak, y a su Primer Ministro y Ministro del Interior, tras imponer una suspensión total de los servicios de telefonía móvil el 28 de enero de 2011 y una interrupción general de los servicios de Internet el mismo día y hasta el 2 de febrero. El Tribunal consideró que la orden de interrupción se ajustaba a derecho y tenía como fundamento legítimo el mantenimiento de la seguridad nacional y la integridad territorial. El caso se presentó contra el ex presidente Mohamed Hosni Mubarak, el ex primer ministro Ahmed Nazif, el ex ministro del Interior Habib Al-Adly y otros, por ordenar a los operadores de telecomunicaciones la interrupción total de los servicios de telefonía móvil y acceso a Internet, sin previo aviso, en violación de la Constitución y la ley.