contenían «graves insultos a este Tribunal y a sus miembros» y que las pruebas apuntaban al uso de bots para llegar a una audiencia considerable que estaba siendo financiada por un grupo de empresarios que proporcionaban recursos a las/os participantes de la organización que estaba detrás de esos ataques. En el marco de la investigación, la policía llegó a la conclusión de que sería necesaria la incautación de dispositivos y su inspección por expertas/os forenses, así como el interrogatorio de las personas investigadas, para identificar a las/os autoras/es de los mensajes en redes sociales que contenían insultos contra el Tribunal y sus miembros. El contenido de las publicaciones en las redes sociales fue identificado por la policía y por el juez Moraes en la investigación y durante una audiencia del Tribunal Supremo. La policía informó que las cuentas habían publicado contenidos «afirmando que el [Tribunal Supremo] es una vergüenza y pidiendo un procedimiento de destitución contra sus miembros». El juez Moraes identificó que algunas de las publicaciones en las redes sociales incluían afirmaciones como «Violen y maten a las hijas de los/as jueces/zas serviles del Tribunal Supremo» y «¿Cuánto cuesta disparar a quemarropa a cada [improperio] juez/a del Tribunal Supremo que quiera acabar con el cumplimiento de sentencias penales una vez confirmadas por un tribunal de apelación? Si [lo hacen], sólo nos queda tirar gasolina y prender fuego a la sala plena del Tribunal Supremo, con los/as jueces/zas Barbie dentro». En la decisión del Tribunal Supremo, el juez Moraes había señalado que en marzo de 2019 las/os fiscales de São Paulo habían frustrado un plan de asesinato contra un juez en ejercicio, después de haberse infiltrado en un foro de la dark web. Añadió que las/os fiscales también estaban llevando a cabo una investigación separada después de que un dispositivo fuera lanzado y explotara en la acera frente a la casa de uno de los jueces en un incidente diferente. El 18 de junio de 2020, el Tribunal Supremo se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad relacionado (ADPF 572). Este caso había sido presentado por el partido político Rede Sustentabilidade contra la disposición del Reglamento del Tribunal utilizada como base para la investigación penal, y contra la propia investigación. El Tribunal Supremo consideró que la investigación era una respuesta institucional necesaria en contra de los ataques de quienes pretendían desplazar al Tribunal y socavar la independencia judicial y de quienes publicaron amenazas en contra de sus miembros en las redes sociales y difundieron deliberadamente desinformación como estrategia para romper con el orden constitucional establecido. El Presidente del Tribunal Supremo y el Juez Moraes participaron en las deliberaciones del Tribunal Supremo sobre ese recurso de inconstitucionalidad después de que el Tribunal Supremo rechazara una solicitud de recusación. Por diez votos contra uno, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, en declaraciones que los/as propios/as jueces/zas habían clasificado como dicta no vinculante, señalaron que la investigación penal debía atenerse a ciertas limitaciones, entre ellas que el ámbito de la investigación debía limitarse al discurso que exhibiera «un riesgo real para la independencia del poder judicial… mediante amenazas a los miembros del Tribunal Supremo y a sus familiares; atentara contra el poder político establecido, contra el Estado de Derecho y contra la democracia». Estas declaraciones también señalaban que la investigación debía respetar el derecho constitucionalmente protegido a la libertad de expresión y de prensa, por lo que debía excluir del ámbito de la investigación los artículos periodísticos y los posteos, acciones u otro tipo de discursos (incluidos los datos personales) en Internet, siempre que estos discursos no formen parte de un mecanismo de financiación y difusión masiva en las redes sociales.