Artículo 27.
En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de
penitenciaría, los Jueces podrán poner al acusado en libertad, dando
fianza según la ley.
Artículo 28.
Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de
cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su
registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieron
por razones de interés general.
Artículo 29.
Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por
palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier
otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable
el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley
por los abusos que cometieron.
Artículo 30.
Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera
autoridades de la República.
Artículo 31.
La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea
General, o estando ésta disuelta o en receso, de la Comisión
Permanente, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria;
y entonces sólo para la aprehensión de los delincuentes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 168.
Artículo 32.
La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que
se establecieron por razones de interés general. Nadie podrá ser
privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad
públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro
Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por
causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los
propietarios por los daños y perjuicios que sufrieron en razón de la duración del
procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación;
incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.
Artículo 33.
El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán
reconocidos y protegidos por la ley.
Artículo 34.
Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el
tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del